El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha realizado 47 compras directas que suman Q15.4 millones relacionadas al proceso electoral 2023. Estas evaden los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y no cumplen con garantías de transparencia.
Entre las adjudicaciones destacan la contratación de un servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática, por Q2.9 millones a la empresa Back Office Smart Solution Sociedad Anónima. La contratación de un servicio de monitoreo de redes sociales a All Marketing por Q5.9 millones, un minicentro de datos modular por Q899 mil 900 a la empresa Innova Outsorcing Sociedad Anónima y seis licencias de oracle data base standard edition por Q890 mil 500 a Asesores en Licenciamiento Sociedad Anónima.
Todas se clasificaron como el caso de excepción que regula el artículo 44, inciso f, de la LCE, el cual dice que el TSE “podrá, durante el ejercicio fiscal en el que se realicen procesos electorales y de consulta popular, realizar de manera directa las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización de estos eventos”.
Sin embargo, en Guatemala las elecciones son el otro año, por lo cual la institución electoral no estaba facultada para hacer adjudicaciones bajo esta modalidad. Lo correcto era, según Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), realizar una cotización si la compra era superior a los Q90 mil, o una licitación si era mayor a Q900 mil, tal como lo regula la LCE.
La diferencia es que, en la compra directa, que aplica solo para adquisiciones de bienes, obras y servicios por montos menores a Q10 mil, las entidades estatales no están obligadas a publicar bases, especificaciones generales, técnicas y otras disposiciones especiales, como sí lo están en cotizaciones y licitaciones.
“El TSE tiene que sujetarse a las distintas modalidades de compras. Estos procesos deben ser modalidades competitivas y las únicas opciones son cotizaciones o licitaciones”, advierte Flores.
Al consultar al magistrado Rafael Rojas Cetina, quien fungió como presidente del TSE cuando comenzaron las compras, justificó que el artículo 115 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 les autoriza en su tercer párrafo a realizar adquisiciones tomando como base legal el artículo 44, inciso f, de la LCE, pese a que este mismo advierte de forma explícita que solo se puede aplicar en año electoral.
“Se faculta al Tribunal Supremo Electoral para realizar las adquisiciones respectivas en el año 2022 con cargo a la asignación presupuestaria para elecciones generales correspondientes del año 2023, bajo el procedimiento que establece el artículo 44 literal f) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado”, reza dicho cuerpo legal.
Un fraude de ley
Edy Cux, de Acción Ciudadana, considera que el artículo 115 de la Ley Orgánica del Presupuesto contradice lo que dice la LCE en su artículo 44, inciso f. Sin embargo, el TSE debió atender lo que dice la segunda normativa, puesto que es una ley ordinaria y, a diferencia de la primera, su vigencia no se limita solo a un ejercicio fiscal.
“En cuestión de legalidad. El hecho que se haya incluido un artículo en la ley del presupuesto que contradiga la LCE me parece un fraude de ley, tanto del Congreso como del TSE por haberlo utilizado”, dice Cux.
El objetivo que persigue el TSE, dice, es evadir los controles que establece la LCE y deja un mal precedente.
Fuente: Prensa Libre
