La desinformación en redes sociales es una herramienta de las redes político económicas criminales para socavar la lucha contra la corrupción, según el comisionado.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó el informe Bots y Netcenters y el combate a la impunidad, que describe el esquema de funcionamiento de los netcenters que divulgan mensajes que provocan odio hacia los actores de la lucha contra la corrupción.
Esas dinámicas pueden llegar a afectar a usuarios reales, buscando modificar o moldear la opinión que tengan respecto de una situación en general o particular, según el estudio.
Un netcenter se define como un conjunto de cuentas conectadas de forma física o virtual y puede incluir a personas reales o perfiles falseados de diferentes formas. Estos netcenters provocan el odio o las percepciones negativas a partir de mensajes en redes sociales, como Twitter, con los que se pretende desprestigiar a las personas o desacreditar las investigaciones, según el informe.
Las cuentas madre que generan los mensajes que son replicados en la red usualmente corresponden a personas que no tienen suficiente información sobre el tema, pero lo hacen parecer como creíble. O bien, se trata de personas que tienen cierto reconocimiento o popularidad por lo que sus mensajes se dan como ciertos, aunque no lo sean. Otra modalidad puede ser personas que pretenden ser periodistas o líderes de opinión para granjearse de credibilidad.
La falsedad no alcanza solo a los autores sino también al contenido, pues hay publicaciones con formatos similares a los de medios de comunicación que presentan noticias falsas o manipuladas, las llamadas fake news.
Una persona que no esté directamente ligada al netcenter, pero que da por hecho los mensajes falsos o los comparte alimenta a esa red al dar un “me gusta” o compartir el contenido, señaló Víctor Ábrego, de SignaLab, el departamento de la Universidad Jesuita de Guadalajara que estudia las interacciones digitales.
Ábrego y el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, fueron invitados a comentar el estudio. Lanza llamó a la reflexión acerca de la interacción en los espacios virtuales y las formas de corrección de actitudes abusivas o de desinformación. “No es lo mismo una equivocación que el intento deliberado de engañar”, dijo.
Velásquez, por medio de una videoconferencia, se refirió al informe sobre netcenters.
Cuando altos funcionarios públicos –presidentes, legisladores, entre otros– señalan “que un medio publica mentiras”, están socavando el legítimo derecho de expresión, añadió Lanza.
Desde la revelación del caso Cooptación del Estado, en junio de 2016, “se ha desplegado en las redes sociales un conjunto de mensajes que atacan explícitamente a operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas, fiscales del Ministerio Público y miembros de la CICIG”, según el estudio.
LOS “HATERS”
El análisis en Twitter ubicó a 12 haters de la lucha contra la corrupción, cuya identidad se reservó en el informe “para protegerles de ataques”. En el ciberespacio, un haters es el usuario que se expresa con hostilidad, reproducen discursos de odio sobre grupos específicos de la población o un tema, de acuerdo con el estudio.
Por videoconferencia, el comisionado Iván Velásquez expuso que “las estructuras político criminales han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar, desprestigiar y atacar mediante las redes sociales las tareas y los avances de la lucha contra la corrupción”. El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, añadió que “la CICIG acepta todas las críticas que, en el marco del respeto y fundamentadas técnicamente, se puedan dar en torno a su labor”.
A pesar de los recursos invertidos en las campañas negativas, el análisis de las redes muestra una amplia manifestación de apoyo a la lucha anticorrupción. “El análisis de cuentas verificadas muestra que seis de cada 10 usuarios que hablan de de la CICIG mantienen un lenguaje positivo de la misma”, cita el estudio.
El porcentaje de usuarios que apoyan la lucha anticorrupción contrasta con la cantidad de tuits medidos en unidades en contra del combate a la corrupción e impunidad, que es más del 65 por ciento.
Los efectos
El despliegue de información de los casos en diferentes plataformas digitales, como Twitter, y la difusión de noticias falsas inciden de la siguiente forma, de acuerdo con el estudio que presentó la CICIG.
a. El estado de opinión pública respecto del combate a la corrupción y la impunidad.
b. Información que maneje la prensa nacional e internacional sobre los casos.
c. Información que se maneje incluso por parte de los litigantes en los procesos judiciales.
d. Ataque directo a personeros de la CICIG, el Ministerio Público, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y sociedad civil en general.
Este informe evidenció los siguientes aspectos:
- Cuentas asociadas a los Netcenter.
- Modos en los que operan.
- Geolocalización de las cuentas.
- Cuentas madre y principales influenciadores.
- Agenda de contenidos y reproducción de discurso de odio.
Al estar conectadas entre sí forman un efecto derrame, el cual llega a afectar a usuarios reales, buscando modificar o moldear la opinión que estos tengan respecto de una situación en general o particular. Los estudios demuestran que un usuario que controle un netcenter (cuenta madre) puede tener un crecimiento de 5-10 usuarios falsos por día, lo que equivale a un crecimiento mensual de 150 a 300 seguidores. El problema se agrava más cuando estructuras criminales se apropian de este modus operandi con el objeto de lograr incidencia en la agenda pública.
Conclusiones
El combate a la corrupción y la impunidad tiene nuevos desafíos. Los grupos que buscan procurarse impunidad despliegan recursos financieros para fomentar campañas negativas que les permitan condicionar el rumbo que la justicia tome en la investigación de sus casos.
Con ese propósito ahora han sumado una nueva herramienta: las redes sociales.
La transmediatización de los casos y la difusión de noticias falsas pueden incidir sobre:
- a) El estado de opinión pública respecto del combate a la corrupción y la impunidad.
- b) Información que maneje la prensa nacional e internacional sobre la tarea de los esfuerzos de combate a la corrupción e impunidad y sus casos.
- c) Información que se maneje incluso por parte de los litigantes en los procesos judiciales. d) Ataque directo a personeros de la CICIG, el Ministerio Público, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y sociedad civil en general.
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Fuente: El Periodico
