Diputado Estuardo Galdámez afina propuesta de ley contra el pánico social
El diputado oficialista Estuardo Galdámez propuso hace varias semanas una ley para penalizar las críticas a políticos; sin embargo, este viernes decidió “fortalecerla” de manera que se pueda penalizar las opiniones de personas que de forma injuriosa critiquen a otras y destruyan su credibilidad a través de las redes sociales.
El pasado 30 de octubre los diputados Eva Monte, Delia Bac, Karla Martinez, Dolores Beltrán y Estuardo Galdámez, presentaron la iniciativa de ley para penalizar las críticas a políticos, pero días después anunciaron que tenía algunos errores a enmendar y analizaban retirarla de Dirección Legislativa.
La propuesta de los cinco parlamentarios era reformar el Código Penal para que se agreguen los artículos 407 P y 407 Q, como los nuevos delitos que ejercerían control de las críticas contra funcionarios, incluso en las redes sociales.
La iniciativa creaba el delito de acoso político y violencia política, con penas que iban desde los dos años de prisión hasta los cinco. Además, se contemplaban multas de hasta Q20 mil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera temporal.
Cambio
Este viernes el diputado Galdámez explicó las nuevas intenciones para modifciar su propuesta original.
“Se buscaría hacer esa ley más drástica, así es que todos aquellos que escriben en redes sociales identificados con una máscara, con un nombre ficticio o apodo serían perseguidos por el Ministerio Público (MP)”, señaló el legislador.
El congresista comparó que la iniciativa sería similar en forma a la Ley de Pánico Financiero: “Si alguien inicia una campaña de desprestigio en contra de una institución bancaria, con el ánimo de que quiebre, el MP lo puede ubicar y atrapar, algo así sería la iniciativa de pánico social”, explicó Galdámez.
El diputado oficialista señaló que el cambió iría en función de castigar a toda aquella persona “que utilice cualquier medio o modo —particularmente digital— y atente contra la honorabilidad de las personas sin fundamento alguno”.
“Son acciones donde se difama, se calumnia, se desacredita ante su familia y la sociedad. Actos que incluso podrían hacer que la persona quiebre de forma económica y en su honorabilidad, y la pregunta es: ¿Quién castiga eso?”, agregó.
El diputado distrital de Quiché amplió que la intención no es ser intolerante a la crítica, por el contrario, está a favor de esto, incluso, considera que el político o funcionario que es corrupto merece ser separado de la función pública.
“En lo que no estoy de acuerdo es que en los guatemaltecos entren en una discordia y en una posición encontrada a través de mentiras, injuria y sin bases para hacerlo. Las persona tienen honorabilidad y no vale que se manche de forma injusta”, señaló el legislador.
Galdámez explicó que estos cambios no sería a través de una nueva iniciativa de ley, sino que se dejará que la iniciativa que crea los delitos de acoso y violencia política llegue a alguna comisión y se le hagan enmiendas para cambiar su contenido.
Propuesta original
Se proponía crear el delito de acoso político con el cual cualquiera que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad será sancionado con prisión de dos a tres años.
El segundo artículo crearía el delito de violencia política, que señala que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.
Para este delito también se contempla una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y si este fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa esta recibirá una multa de Q5 mil a Q20 mil y si hay reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva
Fuente: Prensa Libre