OGDI insta al TSE a desarrollar un sistema informático propio para blindar el voto 2027
CIUDAD DE GUATEMALA — A medida que se dibuja el horizonte electoral para los comicios generales de 2027, la integridad del sistema tecnológico que procesará el sufragio de los guatemaltecos se ha colocado en el centro del debate público. El presidente del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos OGDI, Ing Ronald Andrés Vásquez Secaida, abordó en una entrevista dada a Guatevisión el 16 de Agosto del año 2026, abordando sobre el sistema TERP. Una advertenciía que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con el margen de tiempo necesario y la obligación institucional de desarrollar una plataforma propia (de preferencia) para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), reduciendo así la dependencia de contratistas externos.
En una reciente declaración, el presidente del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (OGDI) Ing. Ronald Andrés Vásquez Secaida, señaló que delegar el procesamiento de datos sensibles a un tercero introduce riesgos críticos de seguridad en una coyuntura donde la estabilidad democrática del país está en juego. “Si dependemos de un tercero, ya de por sí hay un riesgo de seguridad. No es un programa sencillo, es una gran responsabilidad porque va a elegir al siguiente presidente”, enfatizó, subrayando la urgencia de priorizar el desarrollo local y la capacitación del personal técnico interno.
La propuesta del Observatorio OGDI no se limita al diseño de un software robusto, sino a una estrategia integral que abarque la transmisión, la digitalización y la presentación transparente de los datos. Según el especialista, el verdadero blindaje del proceso radica en la implementación de controles estrictos sobre las bases de datos, la restricción de accesos y un monitoreo permanente de toda la infraestructura informática.
Un punto focal para la legitimidad del proceso radica en la aplicación de protocolos forenses internacionales, como la norma RFC 3227 para la preservación de información. Esto garantizaría una cadena de custodia digital inalterable, certificando ante la ciudadanía que ninguna papeleta digitalizada sea modificada desde el centro de votación hasta su destino final.
El cronograma propuesto por los expertos exige que el TSE inicie simulaciones de alta demanda, pruebas piloto y evaluaciones de ciberseguridad entre seis y ocho meses antes de las votaciones. Aunque el especialista reconoce que este proceso de auditorías independientes y simulacros será costoso y complejo, argumenta que es un paso indispensable para corregir vulnerabilidades antes de la jornada electoral. Respecto a las tecnologías emergentes, el Observatorio OGDI sugiere que la inteligencia artificial se utilice únicamente para agilizar el análisis de datos, manteniendo siempre la validación final bajo la estricta responsabilidad del personal humano y las autoridades electorales.
