El primer tratado mundial sobre ciberdelincuencia de la ONU genera debate sobre privacidad y vigilancia
Sesenta y cinco países han firmado el primer tratado de las Naciones Unidas destinado a combatir el ciberdelito, incluso mientras grupos de derechos humanos y empresas de tecnología expresaron una creciente inquietud por su posible impacto en la privacidad y la vigilancia.
Tras cinco años de negociaciones, la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 2024, estableciendo el primer marco jurídico universal para investigar y perseguir los delitos en línea.
La nueva convención introduce mecanismos para el intercambio transfronterizo de pruebas electrónicas, una red de cooperación 24/7 entre los Estados signatarios y el primer reconocimiento internacional de la difusión no consentida de imágenes como delito. Entrará en vigor 90 días después de que 40 Estados la ratifiquen formalmente.
Un marco global para la seguridad digital
Según funcionarios de la ONU, el tratado tiene como objetivo proporcionar a los países, especialmente a los del Sur Global, apoyo técnico, recursos y capacitación para combatir las amenazas en línea.
En una ceremonia de firma en Hanoi, el secretario general de la ONU, António Guterres, describió el tratado como “un instrumento poderoso y jurídicamente vinculante para fortalecer nuestras defensas colectivas contra el ciberdelito”.
Dijo que el tratado “ofrece un camino claro para que los investigadores y fiscales superen las barreras a la justicia cuando los delitos y las pruebas cruzan múltiples fronteras”.
La estructura cooperativa del tratado, añadió, garantiza que “ninguna nación quede indefensa frente al ciberdelito”.
Grupos de derechos humanos advierten sobre los riesgos de la vigilancia
Si bien muchos gobiernos han celebrado la adopción del tratado, organizaciones de derechos humanos y empresas tecnológicas han expresado su preocupación de que sus definiciones amplias podrían usarse para justificar una mayor vigilancia estatal y advierten que podría permitir a los gobiernos hacer un mal uso de las disposiciones de intercambio de evidencia digital para la represión política.
Sabhanaz Rashid Diya, fundador del Tech Global Institute, afirmó que el tratado “podría obligar a las empresas a compartir datos de usuarios sin las garantías adecuadas”. Además, Raman Jit Singh Chima, de Access Now, añadió que corre el riesgo de “convalidar el ciberautoritarismo y facilitar la represión transnacional”.
Los funcionarios de la ONU sostienen que la convención incluye la protección de la privacidad y los derechos humanos, y Guterres ha instado a los Estados a implementarla responsablemente. «Este tratado debe ser una promesa de que los derechos fundamentales —privacidad, dignidad y seguridad— están protegidos tanto en línea como fuera de línea», afirmó.
La Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Cibernético representa un punto de inflexión en los esfuerzos internacionales por lograr un ciberespacio más seguro, aunque no sin debate sobre su costo para la libertad.
Fuente: techrepublic