La iniciativa 6347 busca modernizar el marco legal del país para responder a los retos del entorno digital con la aprobación de la ley de ciberseguridad, que se perfila en convertirse en una normativa integral para la protección de los datos personales, protege la intimidad informática, la información comercial, bancaria y financiera, así como la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos.
Además, incorpora la tipificación de ciberdelitos, medios de prueba digitales para investigaciones penales y mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, que establece prisión desde 6 años y más, dependiendo el grado de la infracción; además, incluye multas desde Q100 mil hasta Q300 mil.
La iniciativa cuenta con el dictamen favorable con modificaciones emitido por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, luego de un amplio proceso de discusión y análisis con 33 instituciones públicas y privadas y expertos en la materia.
Establece una serie de aspectos de ciberseguridad, tales como:
- Protección integral de la información en la que se garantiza la seguridad de datos personales, financieros, comerciales y de carácter confidencial o de seguridad nacional.
- El Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-GT) será el ente técnico nacional encargado de la detección, análisis, gestión y respuesta ante ciberataques, con la creación de CSIRT sectoriales e institucionales para atención inmediata.
- Medios de prueba digitales que se incorpora la validez de pruebas electrónicas para investigaciones penales, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y la cooperación internacional en la lucha contra los ciberdelitos.
- La Red 24/7 y Ciberdefensa Nacional establece la red de asistencia mutua para atención permanente en casos internacionales a cargo del Ministerio Público y asigna al Ministerio de la Defensa Nacional la responsabilidad de la ciberdefensa del país.
- · El fortalecimiento institucional contempla la creación de órganos jurisdiccionales especializados y el fortalecimiento del Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Policía Nacional Civil (PNC) y la Defensa Pública Penal (DPP) para enfrentar de manera eficaz los delitos informáticos. Que incluye la creación de una fiscalía especializada.
La tipificación de ciberdelitos contempla un catálogo de delitos cibernéticos con sanciones específicas, entre ellos: acceso ilícito, de 5 a 10 años de prisión; interceptación ilícita, de 6 a 10 años; ataques a la integridad de datos o sistemas informáticos, de 6 a 12 años; falsificación informática y apropiación de identidad ajena, de seis a 10 años. Así como fraude informático de ocho a 10 años y uso ilegal de bloqueadores de señal de seis a 10 años.
La iniciativa también agrava las sanciones cuando los delitos ocasionan pérdidas económicas, involucran datos confidenciales o son cometidos por funcionarios públicos, entre otros agravantes.
Con estas disposiciones, Guatemala busca prevenir delitos como el robo de datos, fraudes financieros, ataques cibernéticos y otros ilícitos, respondiendo a la creciente necesidad de seguridad digital y protección de la información en el país.
Fuente: Congreso de la República de Guatemala