El Ejército quiere encargarse de las amenazas cibernéticas

El Gobierno busca que los militares se encarguen de contrarrestar las “amenazas cibernéticas” a partir de 2018. Sin embargo, el ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, no ha querido decir qué entiende el Ejército como “amenazas cibernéticas”

El analista Renzo Rosal considera preocupante que “una institución tan cuestionada se encargue de este tema” y advierte que los militares pudieran utilizar este programa para espionaje y contrainteligencia.

Mientras que el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, considera que esto puede ser discrecional y se puede prestar a espionaje o a un intento de limitar la libertad en las redes sociales.

Según Jorge Ruiz, viceministro de Política de Defensa y Planificación de dicha cartera, “todos los ejércitos modernos” se encargan de combatir a los hackers para resguardar la economía del país.

“Hay ciberataques que pueden paralizar la economía de un país y traen graves consecuencias dentro de las instituciones”, aseguró Ruiz.

Ralda señaló que el ciberespacio será el cuarto frente en el que incursionarán las fuerzas castrenses, sumándose a las tropas de aire, mar y tierra.

Según Ralda, el plan piloto podría iniciar el próximo año. Además del ejército en este proyecto se buscaría incluir a otras instituciones, pero las autoridades aún no revelan mayores detalles.

Actualmente el Ministerio de Gobernación cuenta con un viceministerio de Tecnología, pero aún no se define si esta institución formaría parte de este programa.

Denuncias de espionaje

En 2016, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció que el Gobierno, por medio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), estaba espiando a políticos opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.

Propuesta similar en el Congreso

Los diputados podrían aprobar la iniciativa de Ley Contra Actos Terroristas que contempla crear el delito de “ciberterrorismo” para castigar a quienes con “fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares o cualquier otro” utilicen los medios de comunicación para generar temor, intimidar a la población, obligar al gobierno por la fuerza o poder a hacer algo en contra de su voluntad.

Esta propuesta también es considerada como una amenaza a la libertad de expresión. Es decir, un juez podría considerar terrorismo cibernético que se exija la renuncia de algún funcionario como ocurrió a través de redes sociales con el hashtag #RenunciaYa.